Las isapres en el búnker

* Por Ximena Jara, socia directora de Factor Crítico. Columna publicada en La Segunda (22 mayo 2023)

En agosto de 2022, cuando la Corte Suprema aún no fallaba en torno a los cobros indebidos de las isapres, la encuesta de Criteria sobre percepción de usuarios del sistema de salud mostraba que solo 3 de cada 10 personas tenían una buena impresión de ellas.

En las últimas horas, la encuesta Cadem publica un estudio según el cual 7 de cada 10 personas están en contra de que se perdonen los cobros excesivos a las isapres. La mitad de los encuestados, además, no cree que las isapres estén en riesgo de quiebra. Aun así, 3 de cada 4 personas podrían aceptar que se postergue el retorno de dineros si hay un plan de devolución claro, con tal de mantener sus prestaciones.

Las percepciones ciudadanas no se discuten, se gestionan. Conminadas a cumplir un fallo de la justicia, arrinconadas en la esquina de sus propias ilegalidades sostenidas, sin embargo, las isapres son incapaces de comprender que necesitan con urgencia un cambio de estrategia en su narrativa si es que quieren evitar su propio colapso.

Su declaración del 11 de mayo acusa al Gobierno de una solución “egañosa”, que empuja al “cierre por secretaría del sistema Isapre” y que demuestra “indolencia” con los enfermos, aclarando, de paso, que los pacientes “no son herramientas políticas”. Lo que llama la atención de esta declaración y sus posteriores salidas en medios no es solo lo beligerante del tono, sino su sinsentido estratégico.

Los usuarios de isapres, esos pacientes que no son herramientas políticas, saben que han sido, por años, herramientas financieras para el sistema, y conocen de primera mano la indolencia que ha implicado la aplicación sostenida e inadecuada de la tabla de factores de riesgo; la inclusión de las preexistencias en el juego de la cobertura y hasta la tragedia del embarazo, así como las millonarias utilidades de la industria durante décadas. Son los propios usuarios quienes han vivido los cobros indebidos de las aseguradoras, quienes han debido recurrir a la justicia una y otra vez, quienes han tenido que pagar sumas abusivas para asegurar niños de menos de dos años.

Cuando se acaba el poder a secas – el de burlar la ley, el de financiar intermediarios en el sistema político, el de operar con muy poco capital reputacional – solo quedan dos caminos: sucumbir o negociar. Para negociar, se necesita legitimar el propósito que se busca, es decir, una narrativa susceptible de ser comprendida y compartida por más actores que ellos mismos.

Huir de la mesa de trabajo que busca generar soluciones no ayuda a generar un relato ventajoso. Negar cargos ya zanjados por la justicia y por los usuarios, tampoco. Culpar al Gobierno por la solución planteada frente a sus propias incompetencias e ilegalidades, menos. Quizás sea tiempo de cooperar con una solución para su propio negocio. Esa solución solo puede llegar de la mano de las prestaciones que ofrecen a través de las clínicas privadas. Sólo puede basarse en las ventajas de ofrecer más especialistas, mejores posibilidades de atención y menor tiempo de espera. Ese es el único hilo posible para refundar su relación con la ciudadanía.

De lo contrario, arriesgan su continuidad con la porfía de los dictadores que, sitiados y en un búnker, siguen haciendo la parodia del que ordena y manda, cada vez con menos alcance, hasta que son barridos del escenario.